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Amparo.PJ.22.oct.2019.jpgAlguna vez se ha preguntado, ¿Qué pasaría si soy acusado de un crimen que no cometí?, ¿Qué pasaría si le digo a las autoridades que no soy el que cometió el crimen de la que se me acusa, pero prosiguen con el proceso penal en mi contra?, estas son preguntas de terror que probablemente nunca pase a las personas de buen vivir y respetuosas de las leyes. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en donde una persona se enfrenta a un proceso penal con la clara convicción de que él o ella no fue el que cometió el hecho punible a la que se le indilga. En los casos en que efectivamente el inocente se enfrenta a un proceso penal, el desarrollo del mismo proceso debe producir su inocencia en teoría.

Ahora bien, en la práctica, muchas veces la autoridad competente en el afán de obtener una sentencia de culpabilidad en contra del acusado, violenta derechos consagrados en la constitución política, en los tratados y convenios internacionales en donde Panamá es signataria. En estos casos la herramienta jurídica por excelencia idonea para enervar los efectos de la orden de hacer o no hacer dictada por la autoridad es el Amparo de Garantías Constitucionales. Nuestra Constitución Política consagra esta acción constitucional en el artículo 54, y dispone lo siguiente:

"Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que está constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

          El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales." (Subrayado es nuestro)

Tal como se observa con diáfana claridad la Acción Constitucional de Amparo de Garantías Constitucionales, esta concebido para enervar, revocar, modificar, la orden de hacer o no hacer de cualquier servidor público. En este orden de ideas, durante el desarrollo del proceso penal no son pocas las ocasiones en que se violentan derechos y principios constitucionales tales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de bilateralidad, solo para mencionar algunos de los derechos y principios jurídicos que si son vulnerados, el Amparo de Garantías Constitucionales puede constituir el medio predilecto para atacar la orden de hacer o de no hacer emitida por tal cual servidor público.

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Esta firma vivió en carne propia una violación del derecho fundamental del debido proceso, en donde una Juez de Garantías durante audiencia de fase intermedia ordenó la no práctica de una prueba pericial, so pretexto de que la fase de investigación había prescrito, Orden de no hacer que requirió la interposición del Amparo de Garantías Constitucionales a favor de nuestro cliente.

Es necesario destacar aquí que la interposición del Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales y el mismo conlleva el cumplimiento de algunos requisitos de forma. estas reglas lo establece el artículo 2615 del Código Judicial al disponer en su parte pertinente que:

".....La acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones judiciales, con sujeción a las siguientes reglas:

1.    La interposición de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución, salvo que el Tribunal a quien se dirija la demanda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecución para evitar que el demandante sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación;

2.    Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate;

3.    En atención a lo dispuesto en los artículos 137 y 204 de la constitución política, no se admitirá la demanda en un proceso de amparo contra las decisiones jurisdiccionales expedidas por el Tribunal Electoral, La Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus salas."

Efectivamente está acción constitucional no detiene el trámite de la causa de fondo en donde se dicto la orden de hace o de no hacer. Es decir, que el juicio, en la etapa en que esté no será detenido so pretexto de la interposición del Amparo de Garantías Constitucionales. A este punto, existe una excepción; la cual es cuando el Tribunal que tramita el amparo y el juzgador considera indispensable suspender la tramitación o la ejecución para evitar que el demandante sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación.

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La habilidad del Abogado demandante se hace evidente aquí, toda vez, que debe redactar la demanda con el enfoque de que los daños y perjuicios que se causará, o se causan al demandante son efectivamente graves, evidentes, y de difícil reparación, enfoque la cual está dirigida a persuadir al juzgador de la necesidad de suspender la tramitación del proceso, hasta tanto se resuelva el amparo; Ojo, se necesita la ponderación efectiva del Abogado penalista a fin de determinar que es en el mejor interés del demandante suspender el proceso.

Por otro lado, solo procederán los amparos de garantías constitucionales cuando se hayan agotado los medios impugnativos que dispone la ley. En otras palabras, se habrán que agotar los recursos de reconsideración, apelación y cualquier otro recurso de ley que dispuesto para impugnar el acto.

Esta firma de Abogados tiene la absoluta misión de luchar contra estas y otras injusticias que se vienen cometiendo de forma sistemática en el Sistema Penal Acusatorio. En el caso de que sospeche que está siendo víctima de abuso o que sus derechos están siendo vulnerados, le recomendamos contacte al Abogado PATRICIO JORDAN, aquí, o vía chat whatsapp al 6-486-6544, también puede enviar un e-mail a: medstarbilling@gmail.com

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